«Queremos que se redacte de forma más estricta contra la ilegalidad y que sea más difícil para los transportistas piratas, la competencia desleal y el intrusismo en general», dijo en declaraciones a Europa Press.

De esta manera, insistió en que si el proyecto de ley no recoge sus peticiones, los empresarios de viajeros y mercancías de las siete islas plantearán hacer paros y huelga, además de marchas lentas a las capitales, acciones que ya llevaron a cabo hace unos años.

Por su parte, De la Paz reclamó que el proyecto de Ley del Transporte de Canarias contemple las peticiones del sector, tanto de taxistas como de mercancías o pasajeros.

Así, exigió un control de todos los vehículos de las islas y que haya una cantidad limitada, no como en la actualidad, dijo, que es ilimitada, lo cual es «inconveniente» para el tráfico y no se fomenta el transporte colectivo.

También pidió que las limusinas que operan en el archipiélago sean de calidad y criticó que en la norma se ponga que los conductores conozcan la lengua de los pasajeros. «Creemos que eso no se puede poder porque no dice ningún idioma en concreto ni ningún nivel en concreto, y a veces los servicios van a estar en cinco idiomas», aseveró.

El sector también solicitó que no se incluya en la ley que las guaguas tengan que tener GPS porque entienden que «no hace falta»; que la parte dedicada al tacógrafo se redacte de una forma adecuada a Canarias; y la subrogación de los trabajadores –conductor y acompañante– en caso de que los contratos de los colegios cambien de empresarios para proteger los puestos de trabajo.

De la Paz expuso que otra de las peticiones es que los taxis no puedan hacer excusiones o que si las hacen, que se les exija un guía, igual que se les pide a las guaguas.

Por último, comentó que la Ley dice que el IGIC es diferente según si el uso es normal –al 3%– o es turístico –al 7%–. «Lo que decimos es que se aclare mejor y que cuando más de la mitad del pasaje sea no residente canario, sea cuando se cobre el 7%», aseveró.