Imagen de archivo de un agente de Tráfico de la Guardia Civil./Canal de la GC en Flickr

La Fiscalía de Málaga pide una pena de cinco años de cárcelpara cada uno de los dos guardias civiles detenidos en julio del año pasado por Asuntos Internos de la propia Benemérita acusados de extorsionar a transportistas de la zona y cobrarles mordidas para quitarles multas que les habían puesto con anterioridad.

En concreto, cada uno de los dos agentes se enfrenta a una petición de cinco años de prisión por cohecho de funcionario público -delito castigado además con multas de 6.000 euros– y revelación de secretos -por el que se les piden sendas multas de 10.800 euros.

El Ministerio Público pide también cinco años de cárcel para cinco empresarios de transporte malagueños investigados en el caso, así como para el cuñado de uno de los guardias civiles, considerado cooperador necesario para la comisión de los delitos investigados.

En su escrito de acusación -al que ha tenido acceso el Diario Sur- el fiscal asegura que los agentes, destinados a la Agrupación de Tráfico de Málaga, presionaban a transportistas malagueños “solicitando dinero y regalos a cambio de no cumplir con las obligaciones propias de su cargo”.

Dos botellas de Rioja y medio queso

Así, los presuntos delincuentes habrían evitado multar a los camiones de los empresarios que colaboraban con ellos a pesar de que hubieran cometido infracciones graves, como circular con exceso de peso o sin tener la documentación en regla. A cambio, pedían a los transportistas“contraprestaciones de toda índole”, como dinero en efectivo o incluso un par de botellas de Rioja y medio queso.

Según el fiscal, los dos agentes acusados llevaban a cabo prácticas verdaderamente mafiosas, como parar repetidamente a los camiones de una determinada empresa cuyo propietario se negaba a participar en la red criminal.

Precisamente, los guardias civiles fueron detenidos gracias a la colaboración de un transportista malagueño, que les denunció tras recibir una llamada suya después de multar a uno de sus empleados. El empresario había concertado una cita con los agentes para, supuestamente, entregarles los 500 euros que le reclamaban para hacer la vista gorda con la infracción. En el momento de su detención, Asuntos Internos de la Guardia Civil encontró en el coche en el que viajaban un sobre con 520 euros.

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