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FENADISMER ha podido saber que el Gobierno baraja una subida del impuesto de hidrocarburos.

FENADISMER, ha podido saber que el Gobierno estaría barajando una importante subida en el impuesto de hidrocarburos, que afectaría tanto al gasóleo como a la gasolina, aprovechando la bajada del precio internacional del crudo en el último año, así como la necesidad de mejorar la recaudación del Estado para poder cumplir el objetivo de déficit previsto para este año. Sin embargo, tal medida podría no producir el efecto perseguido, ya que repercutiría muy negativamente en las exportaciones españolas, teniendo en cuenta que el destino principal de las mercancías españolas son los países de la Unión Europea (66’3% del total), y que son transportadas principalmente por carretera. Debe tenerse en cuenta, además, que cualquier aumento en el precio final del carburante repercute de forma importante en el valor final de los productos españoles destinados a la exportación, y dado su bajo valor intrínseco (principalmente productos agroalimentarios, bebidas, bienes de consumo, materias primas y productos industriales) perderían competitividad en los mercados europeos como consecuencia del sobrecoste del precio del carburante.

A juicio de FENADISMER, dicha medida traería como consecuencia inmediata romper con la tendencia de crecimiento positivo continuado de las exportaciones españolas, que se ha mantenido a lo largo de estos últimos tres años. Tan solo en este año 2016, en los ocho primeros meses, el crecimiento internacional ha sido del 3’6% en volumen exportado, según datos del Ministerio de Economía, y en consecuencia ralentizaría el proceso de recuperación de la economía española.

Por ello, si finalmente el Gobierno no reconsideraba dicha postura,y opta por introducir dicha medida recaudatoria, y es aprobada por el Parlamento, FENADISMER va a exigir que la subida en el impuesto de hidrocarburos no se aplique al sector del transporte por carretera, a través del mecanismo de devolución del gasóleo profesional, aunque lamentablemente ello paliaría sólo parcialmente su impacto económico, ya que a dicho régimen de devolución sólo pueden acogerse los vehículos de transporte de mayor tamaño, al quedar excluidos los camiones de menos de 7’5 toneladas de masa máxima, que representan en torno al 30% de la flota española.