La Guardia Civil de Ciudad Real, en el marco de la operación Preveo, ha procedido a la detención de 75 personas y a la investigación de otras 29 como presuntas autoras de un fraude masivo en la solicitud de ayudas del plan PIVE en Ciudad Real, Madrid, Córdoba, Lugo, Jaén, Guipúzcoa, Guadalajara, Toledo y Almería.

Las investigaciones se iniciaron en diciembre de 2015, a raíz de la denuncia de un vecino de Villanueva de los Infantes (Ciudad Real), quien manifestó que le estaban cobrando el impuesto de vehículos de tracción mecánica por un vehículo que había entregado para su baja definitiva en un centro de tratamiento de residuos.

La Guardia Civil detectó anomalías en la tramitación de la baja de este vehículo, que había sido transferido a una tercera persona y dado de baja, todo ello sin consentimiento del denunciante, por lo que se llevó a cabo una inspección en ese establecimiento, en el transcurso de la cual se descubrieron varias irregularidades y se intervino la documentación de más de 350 vehículos entregados en este centro para su baja definitiva, con la sospecha de que con todos ellos se habrían realizado actuaciones similares a la denunciada, según fuentes de la Guardia Civil.

Fruto del primer análisis de la documentación intervenida, los agentes constatarron que los documentos de los vehículos entregados para su baja «estaban siendo utilizados para obtener ayudas públicas para la compra de vehículos nuevos, beneficiándose fraudulentamente del plan PIVE».

Así, la Guardia Civil tomó declaración a los antiguos propietarios de los vehículos que aparecían en la documentación intervenida en el desguace, los cuales estaban convencidos de que sus vehículos habían sido dados de baja al entregarlos en dichas instalaciones.

Asimismo, se cotejó la documentación intervenida con los registros en las distintas Jefaturas Provinciales de Tráfico en las que había sido tramitada, con lo que se puso al descubierto que las firmas de los contratos de compraventa y otros documentos habían sido falsificadas para simular la intervención de la persona que había entregado el vehículo en el desguace. Además, también se detectaron firmas falsas de personas fallecidas.

Beneficio de las ayudas
El vendedor del vehículo nuevo ofrecía al comprador la posibilidad de transferir a su nombre un vehículo que cumpliera con las condiciones establecidas en la convocatoria vigente del plan PIVE y beneficiarse así de las ayudas que ofrecían tanto la Administración como el fabricante. En algunas ocasiones, los concesionarios enviaban a los compradores a un determinado desguace para que compraran la documentación de un vehículo viejo, por las que llegaban a pagar entre 150 y 400 euros.

Una vez recopilada la documentación necesaria, el concesionario la remitía a la gestoría con la que trabajaba, donde se falsificaban las firmas de los contratos de compraventa y los documentos de transferencia para presentarlos a la Jefatura Provincial de Tráfico correspondiente, manteniendo la titularidad del comprador del vehículo usado apenas tres días, durante los que se tramitaba la solicitud de las ayudas del plan PIVE y posteriormente se solicitaba la baja definitiva del vehículo.

Entre los detenidos se encuentran 44 personas que obtuvieron ayudas públicas mediante este sistema, a los que se les imputa un delito de estafa. Otras once están relacionados con la compra-venta de vehículos a través de concesionarios y talleres, a quienes se les imputan también el mismo delito y, en algunos casos, también el de falsificación de documentos, y otras veinte son titulares, gerentes o trabajadores de gestorías, a quienes se les han imputado los delitos de usurpación de identidad y falsificación de documentos como medio para cometer el delito de estafa.