Ha sido pura coincidencia la constitución de la Comisión de Estudio sobre la Situación del Transporte en las Islas y el acuerdo alcanzado entre el Gobierno del Estado y Nueva Canarias (NC) para aumentar las bonificaciones en los transportes aéreos y marítimos tanto de personas como de mercancías.

De hecho, en las intervenciones de cada diputado este tema dejó paso a la «mejora de la conectividad». Sólo Asunción Delgado, de Podemos, advirtió que su objetivo central será el de «investigar el uso y abuso de las subvenciones y chorreo de fondos europeos que reciben los operadores y comprobar si llegan realmente al precio final y en qué proporción».

En declaraciones posteriores, la diputada de Nueva Canarias (NC), Esther González, redujo las expectativas al respecto. «A esta comisión le falta fuelle -aseveró-. Con el acuerdo presupuestario, se soluciona el tema de los costes dado que el Gobierno del Estado se ha comprometido a velar por el mantenimiento de las tarifas», explicó.

El propio presidente de la comisión, el diputado socialista Manuel Marcos Pérez, afirmó que «se abordará todo lo referido a los costes» pero subrayó la necesidad de alcanzar un «consenso para elaborar propuestas que contribuyan a la mejora de la conectividad».

En similares términos se pronunció el diputado de Coalición Canaria (CC), David Cabrera, para quien, siendo una comisión de estudio, «lo único que podemos hacer es elevar un dictamen al Gobierno y que lo traslade a la Mesa del Transporte».

La diputada del Partido Popular (PP), Águeda Montelongo, dijo estar convencida de que «las compañías, que son serias, no subirán las tarifas, sino el número de rutas y las plazas».

El portavoz del grupo Mixto, Casimiro Curbelo, incidió en los «sobrecostes de la doble insularidad», así como en fijar unos precios de referencia «claros y definidos» para que la subvención llegue realmente a los canarios.